Análisis semanal 219: Pacto de gobernabilidad y corporativismo de una década. Elites gubernamentales y económicas en Nicaragua y su relación con el accionar del Estado (20 de junio de 2018)

La política nicaragüense es difícil de analizar teóricamente debido al carácter difuso de la información. Al igual que en el caso de Venezuela, cada medio tiene su posicionamiento y por tanto algo como “información imparcial” no existe. Además, median los intereses geopolíticos y las afinidades y pasiones ideológicas. Cada “polo ideológico” buscará disminuir los errores propios y magnificar los ajenos. Con lo anterior no pretendo decir que el siguiente análisis no sea ideológico o que carezca de posicionamiento, al contrario, me aventuraré a hacer algunas conjeturas apoyado en algunas teorías marxistas del Estado Capitalista y con ello un análisis acotado sobre la configuración de las elites nicaragüenses y su accionar respecto al Estado, pero intentaré en el camino mantener la criticidad con las partes que componen el conflicto.

Tanto para las élites gubernamentales nicaragüenses como para las elites económicas agrupadas en el COSEP (principal conglomerado de cámaras empresariales en Nicaragua) el Estado es un aparato instrumental. El aparato estatal es usado por ambos grupos para posicionar sus demandas económicas, políticas e ideológicas. Los grandes empresarios y el gobierno de Ortega han mantenido durante la última década un “consenso” de estabilidad[i]. Este modelo “corporativista” parece haberse agotado tras la reforma (mediante decreto) al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) publicada en la Gaceta el pasado 18 de abril[ii]. Este último acto fue el detonante de un conjunto de protestas que han desencadenado en una ola de violencia que a este momento suma 137 muertos[iii].

Lo anterior deja fácil cabida a las interpretaciones instrumentalistas o funcionales del Estado. Es decir, pensar en el Estado nicaragüense como una “cosa” o “conjunto de cosas” que cumplen “funciones”. Después de todo, las élites empresariales y gubernamentales lo usan para maximizar sus intereses. Una importante cantidad de teorías del estado[iv] aceptadas en disciplinas como la Ciencia Política y el Derecho tienen un carácter funcionalista. El marxismo no escapa este tipo de nociones. En la ortodoxia el Estado ha sido conceptualizado como producto de las condiciones económicas y por tanto un aparato al servicio de la clase dominante[v]. No obstante, en Nicaragua no hay “una sola” clase dominante, al contrario, hay varios grupos de poder que disputan la hegemonía. Siendo consecuentes con la ortodoxia, al existir varias clases dominantes y el Estado responder a todas ellas, este tendría que ejecutar diversas acciones contradictorias entre sí para garantizar estos intereses de clase. Al estar ambas clases dominantes en disputa, esto significaría un eventual colapso del Estado.

Si nos quedáramos en esta conceptualización tendríamos problemas debido a la heterogeneidad de las elites nicaragüenses. Antonio Gramsci y Nicos Poulantzas tomaron en cuenta esta cuestión[vi]. Gramsci señala que para que el Estado Capitalista pueda existir, este debe poseer el consenso de las clases subalternas sobre su necesidad. Responder directamente a los intereses de una clase dominante (o clases) equivaldría a perder este consenso, por eso son necesarias las políticas reformistas para mantener la continuidad del Estado capitalista, pues reafirman el consenso sobre la necesidad del mismo Estado[vii]. Podemos contrastar este enunciado al observar que a cambio de influencia legislativa e institucional el COSEP le ha permitido a Daniel Ortega extenderse con la política social[viii]. Esto permite mantener este consenso o hegemonía sobre la necesidad de continuidad del sistema personalista. Ello a pesar de que la estructura política nicaragüense tiene tintes autocráticos y canales cerrados a la participación de diferentes actores[ix]. Por otro lado, los resultados económicos que otorga el sector privado le permiten a Ortega legitimarse ante actores internacionales, mientras que las empresas reproducen sus condiciones de producción y acumulan capital.

Poulantzas señalaba por otra parte, que el Estado debe jugar en contra de los intereses de las clases dominantes en ciertos momentos, para ello este tiene que gozar de un determinado grado de autonomía respecto a las condiciones de producción[x]. Esta es para el autor, la única forma en que este puede sostenerse con el tiempo, de otro modo la esfera política estaría sometida directamente a los cambios de parecer de cada cúpula de poder económico del momento, comprometiendo la continuidad del mismo Estado. Para Poulantzas, la disolución de lo político en lo económico era un error de apreciación presente otras teorías del Estado[xi]. Ver que el Estado se adapta a los intereses consensuados (y en otras ocasiones contradictorios) de ambas élites, permite corroborar en la práctica las nociones tanto de Gramsci como de Poulantzas.

Poulantzas contribuyó al salto de las concepciones funcionalistas del Estado a las nociones estructuralistas. Ello implica ver al Estado no solamente como un instrumento sino como un conjunto de interrelaciones que se retroalimentan entre sí. Desde este enfoque, el Estado pasaría a ser un campo de batalla donde los diferentes grupos y actores buscan la hegemonía política (esto derivado del hecho de que el Estado no siempre responde a los intereses de una sola clase), no obstante, al ser un Estado enmarcado en el modelo de producción capitalista, la lucha de clases será un factor determinante para el resultado por lo que habrá actores con mayor capacidad que otros. COSEP es un buen referente empírico, pues al ser un conglomerado de cámaras empresariales que agrupa a casi todo el sector productivo nicaragüense y tener una fuerte influencia en el aparato legislativo tal como ellos mismos reconocen[xii], es un ejemplo de un actor con hegemonía político-económica que puede inclinar el accionar del Estado a su favor.

La consolidación de COSEP como actor hegemónico no es aislada. Responde a la consciencia de las propias dirigencias del COSEP de extender su afiliación y ganar influencia como actor en la política nicaragüense. Tal como señala Spalding, durante la década de los noventas, varios actores empresariales comenzaron a beneficiarse de las políticas derivadas del Consenso de Washington. No obstante, no existía una unidad empresarial, estos beneficios se repartieron de forma atomizada y selectiva dependiendo de la afinidad de determinados capitalistas con las elites gubernamentales. Es ante la amenaza latente del regreso de Ortega al poder que el COSEP logra consolidarse como un grupo de presión[xiii].

Lo anterior genera que el ascenso del poder de Ortega en 2007 muestre características y contexto sumamente distintos a su primer llegada en el 79. En ese entonces la Junta de Gobierno presidida por Ortega comenzó con un programa de reforma agraria que asignó tierra a los desposeídos, además de la universalización de la salud y la educación, entre otras cosas[xiv]. En ese contexto, en el proceso que el sector sandinista denominó como socialista, Ortega surgía como actor hegemónico, con capacidad de excluir de este a las elites empresariales y actores no socialistas que originalmente le habían apoyado para derrocar a los Somoza[xv]. En el nuevo contexto, la URSS se ha disuelto, el capitalismo se instaura como modelo de producción dominante y por tanto la posibilidad de hacer política de forma completamente unilateral se ve disminuida.

La negociación del mandatario con COSEP y otros actores para lograr gobernabilidad parece darle más la razón al estructuralismo que al instrumentalismo. No obstante, la historia no termina ahí. Hay un punto que Poulantzas no desarrolló (o quizá no tuvo tiempo debido a su temprana muerte), ni tampoco se aborda en las teorías jurídicas o sistémicas del Estado dominantes en el Derecho y la Ciencia Política, y es lo referente a los intereses propios del Estado. Este punto lo desarrollará Theda Skocpol quien critica otros enfoques, incluido el de Poulantzas por ser muy "sociocéntricos" y obviar que las instituciones tienen intereses propios[xvi].

Los intereses institucionales se pueden notar al observar como en este nuevo ascenso al poder, (luego de 17 años de neoliberalismo), Ortega ya no representa los intereses de las mayorías de la sociedad nicaragüense, sino los intereses de determinados grupos económicos compuestos por familiares y un sector del sandinismo que había pasado a ser burguesía a partir de: 1) la repartición de bienes obtenidos en "la Piñata" de los 90 y 2) mediante la administración de la cooperación petrolera de Venezuela[xvii]. Esto implica que los actores institucionales tenían intereses que Ortega no podía ignorar si quería "gobernabilidad". A diferencia del 79 no podía surgir como actor hegemónico sin conciliar.

La entrada de COSEP en la mesa de negociación permite observar otro elemento de la teoría marxista del Estado desarrollado por Fred Block[xviii]. Estos son los mecanismos que tienen los actores políticos para incidir en el Estado Capitalista. Para el autor, para poder contrastar empíricamente los límites de la autonomía del Estado, es necesario definir cuáles son los mecanismos que usan los actores para ejercer influencia en el aparato estatal, y/o los que usa el Estado y sus administradores para hacer valer su autonomía sobre ellos. Entre estos mecanismos se encuentran los mecanismos estructurales fundamentales y subsidiarios.

Los mecanismos estructurales subsidiarios señala Block, son todas las técnicas mediante las cuales miembros de la clase dominante pueden influenciar directamente el aparato estatal.[xix] Esto se manifiesta en actores o grupos de interés que presionan al Estado para conseguir concesiones, contratos, influencia en política fiscal o monetaria, acción legislativa, etc.[xx] Es posible notar a partir de lo anterior que el mecanismo de influencia por parte del COSEP hacia el aparato estatal nicaragüense encaja en esta categoría conceptual.

Para la segunda llegada de Ortega el órgano empresarial contaba con dirigencias renovadas que se orientaban más al pragmatismo que a la confrontación. La nueva estrategia consistió en buscar ampliar el espectro de influencia en organizaciones relevantes en el entorno político nicaragüense, en la apertura de sus filas a empresarios sandinistas (muchos pasaron de gerenciar el sector público a ser empresarios privados durante el periodo de disminución del Estado) y la ampliación de la suscripción por parte de nuevas cámaras[xxi], sólo en el periodo 2008-2015 COSEP tuvo influencia en 105 leyes y 42 reglamentos[xxii].

Ortega, por otra parte en base a la correlación de fuerzas a la que se hizo alusión, efectúa una estrategia de integración. Esta consistió en buscar alianzas con los grupos agroexportadores y financieros que se habían fortalecido durante los 17 años anteriores, dirigencias del ejército, iglesia y ex-contras[xxiii]. Además, como es característico en este tipo de regímenes de corte personalista, el control del discurso, de los medios y el fortalecimiento de redes de confianza y clientelares que absorbieron a otros actores autónomos de la sociedad civil[xxiv]. Esto desde Block es un mecanismo estructural fundamental. El autor señala que quienes administran el aparato estatal, sin importar sus inclinaciones ideológicas dependen del mantenimiento de un determinado nivel de actividad económica para mantener el apoyo público al régimen[xxv].   

No obstante, aun esta conceptualización (como todas) nos ofrece limitaciones, pues hay algunos actores que por sus características son difíciles de catalogar como actores estatales o de sociedad civil. El COSEP por ejemplo, si bien es un actor empresarial forma parte del aparato gubernamental y hay miembros de las élites sandinistas que son o han sido miembros del sector privado. Es allí cuando la línea entre sociedad política y civil se difumina y se vuelve más complejo ver al Estado como campo de batalla. Este es un punto desarrollado por el neomarxista Bob Jessop, para quien el Estado nunca puede separarse de la sociedad de forma completa. La naturaleza de las instituciones y su articulación con la sociedad dependerán del proceso de conformación del Estado y el contexto histórico[xxvi].

El autor propone estudiar elementos como: las formas de representación, la organización interna, las formas de intervención del Estado Capitalista en la economía, las bases sociales del poder, el grado de unidad interna y la esfera ideológica[xxvii]. Desde este enfoque el Estado Capitalista estaría compuesto no sólo por las instituciones del derecho público, sino por las instituciones –formales y no formales-, las condiciones históricas y materiales, la sociedad civil y la hegemonía político-ideológica. Las constantes interrelaciones y estrategias de los actores para influir en las diferentes esferas son parte del Estado y existe una relación “estructura-agencia” que se moviliza de forma dialéctica. Esto implica que tanto la estructura estatal moldea la preferencia de los individuos, como los individuos tienen capacidad de modificar la estructura.

Este enfoque se puede usar para comprender de mejor modo el resultado del pacto de “gobernabilidad”. Por un lado Ortega reproducía su retórica "antiimperialista", llevaba de forma tranquila relaciones con líderes como Hugo Chávez y Muammar Al Gaddafi. Había actores corporativos que se beneficiaban de estas relaciones, incluyendo las élites sandinistas, por lo que los “beneficios” de los actores estatales no necesariamente se adscribieron la esfera gubernamental. Ortega mantenía relaciones estables con las empresas que no solo le "toleraban" la política social (que durante un importante periodo estuvo financiada por cooperación venezolana, lo cual permitió sostener el crecimiento del aparato estatal, sin presionar mucho al sector productivo), sino que tenían influencia en ella. Es decir, actores corporativos que eran parte del Estado. A su vez, estos actores empresariales eran un bastión de defensa contra actores "inconformes" como EUA y el FMI[xxviii]. La alianza con los empresarios le ha permitido a Ortega geopolíticamente jugar en ambos bandos.

Obviamente, existían las críticas. El sector empresarial, criticaba la falta de trasparencia del oficialismo, pero estas disputas pasaban a segundo plano[xxix]. La elevada seguridad en relación con los países del triángulo del norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) y los bajos costos de producción en comparación con Costa Rica han hecho que durante un tiempo importante las empresas no tengan líos mayores con Ortega[xxx]. Actualmente, a partir de la crisis política, COSEP afirma “haberse equivocado” al crear este modelo de gobernabilidad compartida y reconocen que le dieron prioridad al ámbito económico que al desarrollo institucional[xxxi].

A partir de lo anterior, vale preguntarse: “con toda esta gobernabilidad, ¿es la reforma al INSS suficiente como para generar un quiebre de la "confianza" entre las élites empresariales y gubernamentales, o existen motivos adicionales que coadyuvan esta ruptura?”; “¿responden las movilizaciones contra Ortega solamente al clamor popular de descontento, o existen relación entre estas y otros actores que disputan cuotas mayores de poder?”; “si el COSEP reconoce haberse “equivocado” al pactar con Daniel Ortega, ¿por qué lo reconoce ahora y no durante el transcurso de la década?”; “¿responde el actual conflicto nicaragüense a una reconfiguración de la hegemonía político-económica de ambos sectores con elementos de clave geopolítica?”; “¿hay actores internacionales respaldando a alguna de las partes o intereses de estos en un determinado resultado?. Todos esos elementos dan para la especulación y el debate y para varios artículos más.