Año:
2018
Autor(es):
- La estabilidad del sistema político de Nicaragua, desde hace veintiocho años, con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamarro (UNO), descansa en pactos políticos entre las élites más que en una institucionalidad sólida y democrática.
- El arreglo político del ejercicio del poder y la gobernanza mediante pactos fuera de la institucionalidad democrática no ha sido pacífica, sino que ha generado en todos los casos inestabilidad, violencia, enormes presiones populares e internacionales.
- A lo largo de los últimos veintiochos años tres grandes arreglos o pactos políticos han orientado el ejercicio del poder y la gobernanza en Nicaragua. El primero de ellos (1990) se llevó a cabo entre la Unión Nacional Opositora (UNO) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Violeta Barrios de Chamorro en la Presidencia del país. El segundo pacto político (2000) lo protagonizaron el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tanto con Arnoldo Alemán, como con Enrique Bolaños en la primera magistratura. El tercer pacto político (2010) ha sido protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP), bajo el mandato presidencial de Daniel Ortega.
- Cada uno de estos pactos políticos ha representado también de ciertas prerrogativas que les dieron vida y un reequilibrio de fuerzas políticas entre las élites nicaragüenses. Ello, se ha expresado en crisis político-institucionales, violencia social y fuertes presiones de la comunidad internacional. En 1995, el reacomodo de fuerzas producto del pacto generó una crisis institucional que tuvo como disparador la reforma a la Constitución de 1987. En esta oportunidad se enfrentaron fuertemente el Ejecutivo con el Legislativo. No hubo expresión popular en las calles y la violencia no tuvo una relevancia en ese momento. Diez años más tarde, en el 2005, el pacto entre liberales y sandinistas (conocido como pacto Ortega-Alemán) generó un nuevo equilibrio de fuerzas internas que se expresó en una crisis institucional que enfrentó nuevamente al Legislativo con el Ejecutivo. En esa ocasión el disparador de las crisis se articuló alrededor del alza en el precio de los combustibles. La violencia social tuvo una expresión fuerte en las calles, alrededor de los centros universitarios y se exigía la renuncia del presidente de la República. La última crisis (2018) es la que se protagoniza desde hace unas semanas en Nicaragua, que tienen como disparador las reformas planteadas la Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS). Nuevamente la crisis es producto de los reequilibrios de poder alrededor de pactos políticos entre las élites. Este nuevo pacto ha sido fraguado entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP). Es el resultado de las nuevas condiciones que planteó por primera vez la llegada del FSLN al poder y el debilitamiento de la oposición interna. En esta oportunidad, la violencia ha sido mucho más fuerte que en anteriores oportunidades y las presiones populares han escalado a niveles nunca antes vistos. La crisis vuelve a enfrentar al Ejecutivo con el Legislativo y ahora, con el Judicial y sectores empresariales muy importantes.
- Cada una de estas crisis es reflejo el agotamiento de las condiciones que dieron vida a los pactos políticos y señalan un obligado reacomodo de fuerzas. En todas las ocasiones, se expresa en una crisis institucional y solamente en los dos últimos episodios (2005 y 2018) muestra un carácter violento. En todas las oportunidades se trata del Ejecutivo enfrentado a los otros órganos del Estado. Solo en las dos últimas ocasiones se ha demandado fuertemente la renuncia de quien ejerce el Ejecutivo y la violencia social se ha expresado de distintas maneras en las calles.
- De igual forma, de estos tres procesos de requilibrio de fuerzas los dos primeros (1995 y 2005) han provocado la reacción del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA). En 1995, la “Declaración sobre la situación de Nicaragua” y en el 2005, la “Resolución sobre la situación de la democracia representativa en Nicaragua”, fueron instrumentos que presionaron para que tales crisis no escalaran a niveles mayores. Casi dos meses han pasado y el Sistema de Integración no ha se ha expresado con la misma fuerza que en episodios anteriores.
- Cada una de estas crisis ha encontrado un nuevo punto de equilibrio que, como ya se ha señalado, no obedece a una institucionalidad robusta, sino a pactos políticos entre las élites internas. En ninguna de las oportunidades anteriores las negociaciones significaron la salida de quien ejerce el Ejecutivo, sino todo lo contrario. En ninguna de las situaciones que antecedes a la actual, tampoco hubo una preocupación por solucionar las demandas sociales históricas. La mesa de diálogo que se inaugura en este nuevo episodio quizá solo sea el reflejo de una institucionalidad débil cuyos principales resultados se estén negociando en otros lugares y con un número menor de actores tomando decisiones.
- El vaivén de los pactos políticos para lograr la gobernanza y la estabilidad en Nicaragua continuarán. De igual forma, seguirán expresándose en crisis político-institucionales y violencia social cuando los términos que les dieron vida se agoten. La presión internacional seguirá expresándose por intermedio del Sistema de Integración (SICA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) que legitimarán los resultados de estos pactos políticos que pocas veces se hacen en función de las demandas populares.
- Desde esta perspectiva, no es posible encontrar una “primavera” social y democrática en Nicaragua. Estas “primaveras” no son otra cosas que la expresión del fin de las prerrogativas de los pactos políticos y el necesario reequilibrio de fuerzas que, a partir del 2005, han encontrado en los movimientos sociales el mecanismo legitimador que provoque nuevos puntos de equilibrio en las relaciones de poder entre las élites.