Ocho años ha demorado el capítulo sudanés de las llamadas “Revueltas Árabes” para librarse del dictador local. El derrocamiento de Omar al-Bashir se presenta como la reacción local a una serie de demandas y aspiraciones que han persistido en los países árabes desde hace décadas.
Sin embargo, salvo el excepcional caso de Túnez, en ningún otro país del mundo árabe dichas revueltas implicaron una transición hacia sistemas democráticos, abiertos, participativos o transparentes. El cambio en positivo no fue real. Lo que indudablemente es real es el hastío de la población de Sudán con los treinta años en el poder de al-Bashir. Al igual que en Túnez en 2011, el disparador de la protesta ha sido el precio del pan, alimento fundamental en la subsistencia de muchos países árabes. El pan es la línea roja para el pueblo y especialmente para las clases populares, el límite entre la dignidad y la indignidad. Tras el pan viene todo lo demás: demandas de libertad, de empoderamiento, democracia, derechos humanos, el fin de la corrupción, etc.
Al igual que en otros escenarios de protesta, han sido los jóvenes y los estudiantes quienes se han constituido en la vanguardia de las protestas. Para esto, han echado mano, como en 2011, de las redes sociales y los teléfonos móviles. Los jóvenes son naturalmente quienes más tienen que perder frente a un futuro secuestrado por autócratas y por eso exigen una rápida transición a un gobierno civil y un juicio para al-Bashir.
No obstante, tomando en cuenta el desenlace de los demás capítulos árabes de las protestas y del desarrollo de los acontecimientos locales, emerge la duda sobre la posibilidad real de un cambio democrático en el país. El nuevo “hombre fuerte” del país, el general Abdel Fatah al-Burhan, ha tomado juramento como presidente de la junta militar y se ha comprometido a instaurar un gobierno completamente civil asegurando que el papel del consejo militar será el de mantener la “soberanía del país". Se ha comprometido además a crear “un entorno propicio para una transición pacífica del poder". Pese a estas promesas, lugares comunes en el lenguaje de casi todos los golpistas, una de las demandas populares más importantes, juzgar a al-Bashir en la Corte Penal Internacional por su papel en el conflicto en la región sudanesa de Darfur, ya ha sido rechazada por la junta, que también ha rechazado la constitución inmediata de un gobierno civil. Por esto, las manifestaciones han continuado en demanda de un cambio real, que incorpore además el fin de la censura, la libertad de los presos políticos y obviamente, la convocatoria a elecciones libres.
Esclarecer el rumbo que tomará el país implica también considerar la dimensión geopolítica de la transición y la influencia que ejercerán actores regionales. Particularmente interesante es que países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han manifestado su “apoyo” a la junta militar, mas no a los manifestantes y a sus demandas. A inicios de año Riad envió al gobierno sudanés unos 2200 millones de dólares, una prueba fehaciente de la influencia saudí en Sudán. Por otro lado, el Egipto del general golpista Abdulfatah al-Sisi, que gracias a una reforma legal se ha garantizado la posibilidad de permanecer en el poder hasta el año 2030, no es evidentemente un entusiasta promotor de la democracia en la región. Los gobiernos contrarrevolucionarios de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ven con preocupación cualquier revuelta popular que pueda conducir a una democratización y además han expresado su preocupación por la cercanía que venía manifestando Sudán con Turquía y Qatar. Saudíes y emiratíes están interesados también en garantizar la permanencia de Sudán en la guerra que ambos han liderado contra Yemen, y en donde han muerto cientos de soldados sudaneses. Una guerra especialmente impopular entre los manifestantes locales que han protestado contra el régimen desde hace semanas.
Como se puede apreciar, los intereses para mantener el statu quo son poderosos. Los mismos intereses que, de una forma u otra, ahogaron las demandas populares en el resto de los países árabes en 2011, seguramente se conjugarán para evitar un cambio verdadero en Sudán.