Seguridad y Defensa: Del narcotráfico internacional a la inseguridad local: miedos y respuestas institucionales en Costa Rica

En general, la criminalidad provoca elevados costos económicos y sociales. Solís Moreira (2014) muestra, por ejemplo, que en el 2009 los gastos relacionados al “Orden Público y Seguridad” del Gobierno Central de Costa Rica representaron el 10% del presupuesto nacional. El 30% de los costarricenses afirma que, por causa de la inseguridad que ésta genera, reduce sus actividades recreativas (Pérez-Sáinz et al, 2015). Aunque Costa Rica tiene niveles de violencia y criminalidad menores respecto a los países del triángulo norte centroamericano, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos costarricenses es mucho mayor^[1] que en estas naciones (Huhn, 2012). De hecho, una encuesta del 2010 demuestra que la criminalidad es considerada uno de los principales problemas del país por un 32% de los entrevistados (Solís Moreira, 2012). A la inseguridad ciudadana se acompaña el pedido directo, por parte de la población, de políticas de “mano dura”, es decir, de corte altamente punitivo contra los grupos que, en el discurso dominante, se identifican como los culpables de la violencia y la criminalidad: extranjeros y pobres en primer lugar (Huhn, 2012). Los resultados de una encuesta que se llevó a cabo en el 2008 demuestran que la casi totalidad de la población está de acuerdo con el fortalecimiento de los cuerpos de policía para combatir la criminalidad e, incluso, casi el 30% declaró estar a favor del uso de la tortura por parte de la policía (Calderón Umaña, 2012). En la misma línea, una encuesta del 2004 nos señala que el 88% de los habitantes de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica está de acuerdo con el hecho que la policía tiene que ser más represiva (Eijkman, 2007).

Para muchos, la fuente principal de la inseguridad son las drogas. En una encuesta del 2006 el 31,6% de las respuestas indicaba que los problemas principales de la población eran las drogas y el narcotráfico y el 71,8% dijo que el problema mayor de los barrios en los que viven es el consumo de drogas (PNUD, 2010). Respecto a los homicidios relacionados a la venta de droga, es normal que estos provoquen un sentimiento de inseguridad en la población, sobre todo si se considera que entre el 2015 y el 2016 se verificaron 8 “víctimas colaterales”, en su mayoría mujeres que transitaban en el espacio público donde se dio un conflicto armado con la intención de realizar un “ajuste de cuentas” (COMESCO, 2017).

La venta de drogas, así como su territorialización en los barrios vulnerables, es un problema que tiene raíces en la pobreza y desigualdad socioeconómica. Sin embargo, y aunque se ha demostrado que el endurecimiento de las penas y de la represión policial no han traído resultados positivos (ICD, 2016), éstas representan la respuesta principal de Gobierno. Por estas razones, al momento de demostrar los avances alcanzados para resolver la narcoviolencia, las autoridades muestran las estadísticas relativas a los arrestos, condenas, decomisos de droga y desarticulación de grupos de la criminalidad organizada, y no los datos sobre la pobreza y desigualdad socioeconómica que, como se mencionó, están en fuerte aumento. Costa Rica, después de Panamá, es el segundo país de Centroamérica que decomisa más cocaína (OIJ, 2013; Villegas Herrera, 2014), en lo específico, una media de 17 toneladas por año entre el 2005 y el 2012 (OIJ, 2013). En las estadísticas oficiales relativas a los decomisos de droga se cuenta, de manera conjunta, lo relativo al gran narcotráfico internacional, al narcomenudeo local y la droga decomisada a simples usuarios, lo que lleva al hecho que, en las cifras mencionadas, el 93,1% de las incautaciones no superan los 5 gramos de droga (ICD, 2017).

Costa Rica se coloca en la quinceava posición de los países con mayor circulación de flujos de capitales ilícitos, los cuales derivan principalmente de la legitimación de capitales (lavado de dinero) del narcotráfico (ICD, 2016). La investigación policial y judicial relacionada a este tipo de delito es extremamente compleja dada la necesidad de demostrar la vinculación de los capitales con actividades de narcotráfico. Entre el 2010 y el 2016 se dieron 158 sentencias sobre la legitimación de capitales, 94 de las cuales resultaron en una condena. Existe un desequilibrio entre la voluntad, o posibilidad, del Gobierno de reprimir a quienes obtienen el mayor beneficio económico del narcotráfico y la represión que se lleva a cabo de los pequeños narcomenudeantes. Esto es evidente si se considera que las condenas por legitimación de capitales corresponden al 2% de aquellas relacionadas a la Ley sobre Estupefacientes (ICD, 2017).

Notas

Bibliografía

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COMESCO (Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana). 2017. Análisis de los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada durante el período 2010-2016. http://www.cr.undp.org/content/dam/costa_rica/docs/undp_cr_analisis homicidios 2010-2016 FINAL.pdf

Eijkman, Q. (2007). El largo camino hacia la Policía Comunitaria: Las estrategias de Derechos Humanos para la policía en Costa Rica (1st ed.). San José: FLACSO. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan029915.pdf

Huhn, S. (2012). Criminalidad y discurso en Costa Rica (Primera). San José: FLACSO. http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/CriminalidadCR.pdf

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). (2017). Informe de situación nacional sobre drogas y actividades conexas. Costa Rica 2016. http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/informes/SituacionNac/CR_Situacion_Nacional_Drogas_ActivConexas_2017.pdf

Instituto Costarricense sobre Drogas. (2016). Informe de situación nacional sobre drogas y actividades conexas Costa Rica 2015. San José. http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/informes/SituacionNac/CR_SitNacional_DrogasActivCon_2016.pdf

Organización de Investigación Judicial (OIJ). (2013). Tráfico de drogas y amenazas del crimen organizado en Costa Rica. San José. http://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/informes/UID_Anuario2012_Control_Oferta.pdf

Pérez-Sáinz, J. P., Brioso, L., Calderón Umaña, R., Montoya, M., Salazar, K., Zetino, M., … Hershberg, E. (2015). Violence and community capabilities: Insights for building safe and inclusive cities in Central America. Clals working paper series.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010). Política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social. San José: PNUD. https://www.oas.org/dsp/documentos/politicas_publicas/polsepaz_costa_rica.pdf

Solís Moreira, J. (2012). Políticas de la representación, etiquetamiento criminal y responsabilización por la seguridad ciudadana en editoriales del Diario Extra (2008-2010). Rupturas, 2(1), 36–57. http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/article/view/173/65

Solís Moreira, J. (2014). Gestión política de las reformas policiales en Centroamérica, la situación de Costa Rica. In A. Mohor & F. Arias (Eds.), Seguridad ciudadana en América Latina. La seguridad pública en América Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos (pp. 64–69). Santiago: Universidad de Chile.

Villegas Herrera, C. (2014). La economía ilícita del narcotráfico en Centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los Estados. Anuario de Estudios Centroamericanos, 40, 245–262. http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/download/16641/16146