Análisis semanal 249: Afganistán: el fin de la opción militar (10 de enero de 2019)

Hace casi dieciocho años el movimiento Talibán de Afganistán fue despojado del poder, un acontecimiento que abrió temporalmente la posibilidad de pacificar al país y reconstruir instituciones estatales. Se trató de una vana ilusión. Hacia finales del año 2018 los talibanes no han sido derrotados y tienen mucho más poder e influencia, lo cual hace inevitable reconocerlos como un actor político que ya no puede ser excluido en los procesos de negociación política sobre el futuro del país.

El conflicto afgano ha demostrado, como en ninguna otra parte, el fracaso de la guerra contra el terror iniciada por el presidente George W. Bush en 2001. La ocupación del país por las tropas estadounidenses y la OTAN fue incapaz de traer seguridad, erradicar el extremismo y construir instituciones sólidas. La introducción de elecciones no logró consolidar un régimen democrático robusto sino apenas un híbrido de prácticas democráticas y tribales que terminó fortaleciendo oligarquías de base étnica que generan una tensión permanente en la sociedad: los poderosos suelen gozar de impunidad, las instituciones operan en torno a lealtades personales y étnicas y no a partir del mérito y los prejuicios étnicos han desalentado el surgimiento de partidos políticos nacionales, favoreciendo tendencias nacionalistas estrechas en todo el país y exacerbando la ingobernabilidad. Por ejemplo, después del derrocamiento de los talibanes, la estructura gubernamental encabezada por el presidente Hamid Karzai fue dominada por los tayikos, que representan apenas el 27% de la población, mientras que grupos étnicos mayoritarios como los pastunes (38%-42%), fueron marginados de manera deliberada en todas las estructuras del gobierno, especialmente las instituciones de seguridad. Los resentimientos generados por estas prácticas fueron capitalizados por los talibanes (mayoritariamente pastunes), que lograron recomponerse prácticamente de forma sostenida desde el año 2004[1].

Un reporte preparado para el Congreso de EE.UU. por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) indica que, para noviembre de 2018, el gobierno afgano controlaba apenas el 55,5% del territorio del país, un retroceso significativo respecto al año 2015 cuando tenía el control del 72% de los distritos del país.

Las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas (FSNA), que tienen la tarea de defender al país frente a la insurgencia de los talibanes y otros grupos como el Estado Islámico-Provincia de Khorasan, han enfrentado en los últimos meses una notable pérdida de recursos humanos, no muestran una mejora significativa de sus capacidades de combate y siguen carcomidas por la corrupción, todo lo cual deja mucho que desear de los multimillonarios programas de capacitación financiados por EE.UU.

El creciente fortalecimiento del Talibán, que reúne a unos 60.000 hombres, ha estado asociado a un incremento de la violencia. Según la Misión de Asistencia de Afganistán de las Naciones Unidas (UNAMA), el año 2018 fue el más sangriento desde 2009. El número de civiles, en su mayoría mujeres y niños, muertos o heridos por ataques aéreos de EE.UU y sus socios afganos, aumentó un 39%. Sin embargo, la causa de muerte más recurrente entre los civiles siguen siendo los ataques suicidas y el uso de dispositivos explosivos improvisados, perpetrados por los talibanes y otros grupos extremistas[2].

La imposibilidad de derrotar militarmente a los talibanes ha venido aumentando la desazón en Washington que mantiene unos 14.000 hombres en el país. En noviembre, el general Joe Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, admitió que los talibanes "no estaban perdiendo" y que "no había una solución militar" para Afganistán[3]. Un mes después se anunció que el gobierno de EE.UU. planeaba retirar hasta 7.000 tropas del país. El presidente Trump señaló al respecto en Twiter: “¿Quiere EE.UU. ser el policía de Medio Oriente, no obtener NADA, sino gastar vidas preciosas y billones de dólares para proteger a otros que, en casi todos los casos, no aprecian lo que estamos haciendo?". Este tuit de Trump evidenciaba un hastío ante una guerra que parece interminable, no pueden ganarse y no genera beneficios tangibles para EE.UU. Solo en el año 2018 la guerra en Afganistán supuso un costo de US$45.000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

Todas estas circunstancias han obligado a buscar una negociación con los talibanes que lleve a un alto al fuego y eventualmente a un acuerdo político. EE.UU. está presionando a los líderes talibanes para que se sienten a negociar con los funcionarios del gobierno afgano, pero los insurgentes ven a EE.UU. como la potencia principal y desdeñan al gobierno de Kabul como un “títere”. Por su parte, el gobierno afgano, conformado por una alianza entre el presidente Ashraf Ghani y el Jefe Ejecutivo Abdullah Abdullah, ve con recelo el eventual retiro estadounidense pues sabe que sería sumamente difícil enfrentar en solitario a la insurgencia y desconfía de las intenciones de los talibanes y de su disposición a integrar un gobierno de unidad nacional.

Las rondas de negociación entre los talibanes y diplomáticos estadounidenses encabezados por Zalmay Khalilzad, han versado hasta el momento sobre temas como el retiro de las tropas de EE. UU. o el intercambio de prisioneros, materias que pueden llegar a constituir la base de un compromiso real. La gran incógnita se plantea en torno a la incorporación de los talibanes en un acuerdo político nacional. ¿Estarán dispuestos a negociar su objetivo de constituir un Estado basado en una interpretación fundamentalista de la ley islámica? ¿Aceptarán romper sus nexos con otros grupos extremistas como al-Qaeda, la Red Haqqani el Tehrik-i-Taliban de Pakistán o el Emirato del Cáucaso, entre otros? ¿Renunciarán a sus lucrativos negocios, como la producción de heroína? ¿Consentirían compartir el poder con fuerzas políticas seculares en un marco democrático? La respuesta a estas interrogantes parece obvia.

La imposibilidad de una derrota militar de los talibanes obliga a una negociación que deberá procurar su incorporación a la vida política y social. El costo de este proceso podría ser sumamente alto en cuanto a sus consecuencias y no necesariamente hará de Afganistán un país más seguro o estable. 

Notas