Días atrás, el presidente Ortega declaró que desea normalizar las relaciones con Costa Rica, e incluso buscar la posibilidad de una visita de Estado recíproca. Asimismo, el mandatario manifestó su anuencia a realizar el pago por concepto de daños a Isla Calero (1).
Estas declaraciones tienen lugar en un escenario bastante distinto al de hace algunos meses. En primer lugar, ya quedó atrás el cuestionado proceso electoral mediante el cual el presidente Ortega fue reelecto, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente. Además de esto, a raíz de la jubilación del experimentado embajador de carrera Javier Sancho, Costa Rica hubo de nombrar a su nuevo representante en Managua, el hasta entonces viceministro administrativo de Relaciones Exteriores y figura cercana al Presidente Solís, Eduardo Trejos Lalli (2), quién recibiera un expedito beneplácito por parte de Managua. Finalmente, está por cumplirse el plazo de un año otorgado por la Corte Internacional de Justicia para que Nicaragua pague a Costa Rica por los daños ocasionados a Isla Calero. Costa Rica le comunicó a Nicaragua en junio pasado que estimaba el daño en un monto cercano a los seis millones de dólares, en el cual se incluyen los gastos incurridos por parte del Estado costarricense, así como la estimación del daño ambiental (3).
A esta coyuntura se suma además que el próximo 19 y 20 de diciembre tendrá lugar en Managua la cumbre anual de presidentes del SICA, donde Costa Rica recibirá de manos de Nicaragua la presidencia pro témpore del Sistema para los próximos seis meses, período que, como se señaló en un análisis anterior (4), será determinante para impulsar la agenda de reformas en que Costa Rica ha insistido. A este respecto cabe destacar que dentro de los puntos de la reunión se incluye la propuesta de reforma al tratado constitutivo del Parlacen (5), lo cual siempre ha sido un eje central de la visión costarricense de la institucionalidad regional.
Frente a este escenario, ¿cuál ha sido la reacción de San José? En primera instancia, el presidente Solís le respondió a su homólogo diciendo que antes de pensar en eventuales visitas, debía tener lugar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte (es decir, los seis millones de dólares), y en segundo lugar, “el retiro definitivo e incondicional del personal militar nicaragüense que se encuentra ubicado en un pequeño campamento que está en territorio costarricense y que ya fue denunciado por la Cancillería en una declaración de hace pocos días", declaró el mandatario (6). Respecto a la cumbre del Sica, ni el presidente Solís ni el canciller González asistirán a Managua; al igual que en la cumbre anterior, esta tarea será delegada al vicepresidente Helio Fallas (7).
La actitud de San José refleja el alto grado de desconfianza que determina la dinámica bilateral, tónica que ha marcado la relación desde hace ya varios años. No está de más apuntar que la salida temporal de Costa Rica de las instancias políticas del Sica, acaecida hace ya un año, tuvo como disparador la oposición de Nicaragua a cualquier arreglo regional (8).
Así las cosas, queda claro que la dinámica entre San José y Managua no va cambiar de la noche a la mañana, y que si lo expresado recientemente por el presidente Ortega responde a una genuina voluntad de reencauzar la relación bilateral, deberán tener lugar hechos concretos que permitan reconstruir la confianza entre ambos gobiernos. El plazo para el pago de los daños por Isla Calero está por expirar, y según titulara la prensa nicaragüense, en el presupuesto 2016-2017 no se incluyó una partida para cubrir este monto (9), lo que implicaría un incumplimiento de la sentencia del Tribunal de la Haya.
Desde esta perspectiva, a pesar de que existen condiciones propicias para relanzar la relación diplomática (la posibilidad de cerrar el capítulo de la Isla Calero, la llegada de un nuevo Embajador, el inicio de un nuevo periodo en el poder del presidente Ortega), serán necesarias más que declaraciones de buena fe para atestiguar un cambio real en las despintadas crónicas del San Juan.