Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Durante los meses de noviembre y diciembre la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior mantuvo su actividad de manera regular. A lo largo del transcurso de las seis sesiones realizadas en este periodo, se atendieron múltiples temáticas, sin embargo el diálogo estuvo en su mayoría orientado a discutir sobre el decreto N°44.196 el cual establece las regulaciones para el despliegue de la tecnología 5G y superiores en el país. Aunado a esto, la comisión se refirió a diversos proyectos de ley y mantuvo audiencias amistosas y diplomáticas con representantes de otros Estados.

1. De la agenda de la comisión

Proyectos de ley

1.1. Expediente Nº 24030. Aprobación del “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio, hecho En Ginebra el 17 de junio 2022 y su Anexo: Acuerdo Sobre Subvenciones a la Pesca”.

Se envía el proyecto a la subcomisión integrada por los diputados Manuel Morales Díaz, quien es el coordinador; Montserrat Ruiz Guevara y el diputado José Pablo Sibaja Jiménez, quienes tendrán un plazo de treinta días hábiles para rendir el informe. Se presenta una moción de consulta por el diputado Luis Fernando Mendoza Jimén, para que el proyecto sea consultado a: el Ministerio de Comercio Exterior, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Cátedra de la OMC-CR de la Universidad de Nacional, la Fundación MarViva, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR/UCR^[1].

1.2. Expediente Nº 24029. Aprobación del “Acuerdo de Asociación Comercial entre el Gobierno ge la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador” suscrito en San José, Costa Rica, el día primero del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

Se presenta y aprueba una moción de consulta por el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, para que el proyecto sea consultado a: la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Rectores, todas las municipalidades del país, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, y demás instituciones pertinentes^[2].

Además de esto, se presenta y se aprueba una moción de consulta por el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, para que se reciba en audiencia para referirse a este proyecto a: Señor Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior, Cadexco y  la Cámara de Agricultura.

1.3. Expediente Nº 23614. Aprobación de la adhesión al Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento y aprobación de Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario entre la Corporación Andina De Fomento y la República de Costa Rica e Incorporación de la República de Costa Rica como País Miembro en Condiciones Especiales.

Referente a este proyecto de ley, si bien es cierto que la discusión de este se ha extendido a lo largo de los últimos meses, es durante este periodo bimensual que se le dio la aprobación final para remitir al plenario^[3]. Todas las diputaciones presentes en la sesión participaron activamente de la discusión, que, consecuentemente dio como resultado la votación a favor del proyecto de ley N.°23.614, el cual fue dictaminado en contra únicamente por el diputado Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista, contrario a los votos favorables de las siete restantes diputaciones que conforman la comisión^[4].

Pese a la aprobación de la comisión, la discusión se mantuvo entendiéndose que, de aprobarse en el plenario, la ley es un voto de confianza al Poder Ejecutivo; esto debido a que como se establece en el Artículo 5 del proyecto de ley, quien asumiría el pago de las cuotas  de suscripción de capital sería el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno de la República^[5], dentro de este mismo artículo se aclara que a su vez con la aprobación de esta ley se está aprobando desde la asamblea aumentos futuros o como lo denomina la diputada Monserrat Ruiz se estarían aprobando “cheques en blanco”^[6]. Por lo que se espera que de ser aprobada dicha ley en plenario la utilización del capital prestado sea para el bien del país.

2. Asuntos varios

2.1. Audiencia con diputaciones del Parlamento Europeo

Este encuentro tuvo una naturaleza amistosa y su principal objetivo fue demostrar el interés de la Unión Europea en mantener y fortalecer la relación que comparten ambos actores. Durante esta reunión se habló de los retos que actualmente enfrenta Costa Rica, tales como la crisis migratoria, la seguridad, el aumento del narcotráfico y demás crímenes relacionados a este^[7]. Sin embargo, ninguna de estas problemáticas se trató con profundidad.

2.2. Audiencia con la embajadora de Israel en Costa Rica, Señora Michal Gur Aryeh

La comisión recibió en audiencia a la señora Michal Gur Aryeh embajadora de Israel en Costa Rica, junto al señor cónsul Amir Rockman y a la jefa de prensa de la Embajada de Israel, con el fin referirse a la situación de conflicto; la embajadora por su parte declaró que “Hamás es lo mismo que ISIS, tal vez peor. Hamás tiene la misma ideología que ISIS, utiliza los mismos métodos.”^[8]

La embajadora argumenta que Hamas ha quebrantado múltiples acuerdos internacionales y cometido crímenes, respecto a esto menciona lo siguiente “Ahora torno a los crímenes de guerra de Hamás, que algunos ya vimos. Frente a estas atrocidades Israel tiene derecho a legítima defensa…Mientras Israel actúa de acuerdo con el derecho internacional, y toma todas las posiciones posibles para alentar a los civiles de Gaza a evacuar lugares peligrosos, Hamás hace lo contrario”^[9]. Michal Gur Aryeh también se refirió al papel de Irán en el conflicto declarando que “Irán financia, arma y entrena a sus organizaciones subordinadas. Hezbollah en el Líbano, los Hutis en Yemen y Hamás en Gaza”^[10], por ultimo agradeció a Costa Rica por haberse pronuncia en contra de  la organización terrorista^[11].

2.3. Audiencia con la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica, señora Wajiha Sasa Marín

En relación a la situación y al conflicto de Israel hacia el territorio de Gaza. La señora cónsul presenta como históricamente Costa Rica ha buscado la justicia para el estado de Palestina al reconocer al territorio como estado en el 2008^[12]. Del mismo modo, presenta los efectos provocados por el conflicto y cómo estos han llegado a cifras muy significativas, “Señoras y señores diputados, hoy vengo ante ustedes porque dieciséis mil trescientos cuarenta y nueve civiles palestinos han muerto, más de cuarenta mil están heridos desde el 7 de octubre”^[13]. En especial, destacó el gran porcentaje de muertes de infantes tras el inicio del conflicto “son ya seis mil ciento cincuenta niños asesinados”^[14].

Sasa utilizó declaraciones como “Ningún lugar es seguro en Gaza, no queda ningún lugar a donde ir. Las condiciones necesarias para entregar ayuda al pueblo de Gaza no existen”^[15] y “Estamos viendo, en tiempo real, una segunda Nakba, una segunda catástrofe palestina.”^[16] para evidenciar la situación crítica que está atravesando el pueblo de palestino. La invitada concluyó invitando a Costa Rica a alzar la voz y recriminar este conflicto^[17].

Posterior a la participación de Sasa el diputado Gilberto Campos Cruz, realizó una serie de preguntas a la señora cónsul, esta última por medio de sus respuestas dejó en claro que no representa a Hamas, sino al pueblo palestino y que no justifica ningún acto de violencia^[18]. A la vez puntualizó que desde 1993 Palestina busca una solución pacífica del conflicto, haciendo uso a los mecanismos internacionales, sin embargo la comunidad internacional no ha dado su apoyo^[19].

Al finalizar, se propuso y aprobó por unanimidad (siete votos) una moción presentada por varios diputados, para que la Comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica solicite al Estado de Israel y a Hamás respetar la seguridad del ejercicio periodístico en la Franja de Gaza y la libertad de expresión en todo su territorio.

2.4. Audiencias relacionadas al Decreto del Poder Ejecutivo N°44.196

Durante el periodo bimensual que abarca el presente boletín se mantuvieron discusiones sobre el decreto que regula la implementación de la tecnología 5G y superiores en el país. Con el fin de promover el diálogo y el intercambio efectivo de ideas, la comisión convocó a comparecer a representantes de diversos órganos pertinentes, para explorar diversos puntos relevantes que atañen a este decreto.

En primera instancia se recibió a la señora Ana Lucía Ramírez Calderón, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), quien dio a conocer que el decreto les tomó por sorpresa, dejó claro que la cámara comparte la preocupación del gobierno por la ciberseguridad en el país, y que están de acuerdo en tomar las acciones necesarias para combatir el cibercrimen. Sin embargo, mencionó que la reglamentación propuesta debe ser enviada a consulta por dos razones principales: en primer lugar, por las contradicciones normativas que la implementación del decreto representaría en relación con los principios que este mismo pretende resguardar tal y como lo dijo la expositora “Para el tema de ciberseguridad y el tema de este decreto, consideramos que es necesario un análisis sumamente minucioso de esta normativa…Hay que ver el impacto que va a tener esto sobre los operadores, el servicio que van a dar y el usuario final, que es también uno de los principios que extrañamente el decreto cita reiteradamente, que es una regulación que vigila la dignidad humana, el principio de beneficio al usuario final, cita principios de la Constitución sobre la seguridad jurídica, libertad de empresa.  Sin embargo, es contradictorio la normativa que trae el decreto respecto a los principios que parece observar”^[20]; y en segundo lugar, se refirió al impacto que el decreto tendría en la industria, ya que este se interpone en la ruta que ya se había establecido para la implementación del 5G y nuevas tecnologías en el país “este reglamento viene, en el camino y en la hoja de ruta que teníamos como país hacia el desarrollo de 5G, hacia el desarrollo de las nuevas tecnologías, nos hace un alto en el camino y nos cambia las reglas del juego de un momento a otro”^[21], lo que llegaría a afectar gravemente a los distribuidores y al usuario final^[22].

Por su parte, el señor Paul David Ferboy, presidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), expresó el fuerte compromiso de esta cámara con la ciberseguridad. Además, resaltó que esta regulación, al no ser inocua, se pudo haber beneficiado grandemente de la consulta previa, ya que de esta forma el impacto sobre los actores involucrados se pudo haber estudiado más cuidadosamente. También mencionó la necesidad de mantener y respetar los principios de la libre competencia, neutralidad tecnológica, así como la importancia de la seguridad jurídica, esto se evidencia en las siguientes declaraciones: “Adicionalmente, se plantea una preocupación sobre la invocación del Convenio de Budapest…Mencionamos que esta medida impacta negativamente en la neutralidad tecnológica establecida y adoptada por nuestro país”^[23]; “Nos parece un precedente sensible que luego podría ser utilizado para restringir otras tecnologías, inclusive nacionales…Consideramos que hay una afectación en la seguridad jurídica tan necesaria para desarrollar un ambiente de inversión sano y próspero, que derive en beneficios para nuestros ciudadanos”^[24].

También cabe resaltar la participación de representantes de la Asociación Sindical de Empleados Industriales y de las Comunicaciones y la Energía del ICE (ASDEICE), quienes además de reiterar su interés en materia de ciberseguridad, expresaron su preocupación. Desde su perspectiva el criterio técnico no fue la razón principal motivo para la redacción del decreto, sino que esta decisión se pudo haber visto influenciada por intereses geopolíticos. Durante su intervención los representantes de ASDEICE, también hablaron de las afectaciones económicas que tendría la implementación del decreto, específicamente para el ICE, ya que este implicaría un gasto extra en el reemplazo de equipo, lo cual se vería reflejado en el bolsillo del consumidor final, limitaría el acceso a esta nueva tecnología para varios sectores de la población, y atrasaría el despliegue de la tecnología 5G y superiores en el país^[25], afectando la ya ensanchada brecha digital que se enfrenta en Costa Rica.

Posteriormente, el señor Olman Segura Bonilla, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, declaró como uno de los primeros puntos de su intervención que “Cada uno de esos trabajos que hacemos para diferentes entidades públicas y privadas, las hacemos con absoluto profesionalismo, transparencia, respaldados en base científica, con datos, con bibliografía pública o privada conocida y disponible para todos, manteniendo nuestra independencia, nuestra rigurosidad y nuestra libertad de cátedra”^[26]. Posterior a esta aclaración y su equipo expusieron sus conclusiones sobre el impacto económico de excluir proveedores asiáticos en la implementación del 5G en el país. A lo largo de su intervención abordaron preguntas macroeconómicas y microeconómicas, expusieron cómo se afectaría a los sectores y a los usuarios la posible exclusión^[27].

De igual forma, el coordinador del área de regulación del CIMPE, Leiner Vargas Alfaro, mostró los hallazgos de su estudio sobre el impacto económico de la exclusión de proveedores asiáticos en la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica. Se abordó el tema desde tres perspectivas: reducción de competencia, calidad de alternativas y trayectoria tecnológica. Además, se analizó el  impacto financiero de construir el canal digital, considerando diferentes escenarios de exclusión de proveedores^[28].

Respecto de la audiencia de Marco Otoya (académico de CIMPE), Otoya expuso la parte macroeconómica del estudio, en especial las tarifas de telecomunicaciones. Concluyó que, de aplicarse el decreto, los ingresos aumentarán hasta un 40%, traduciéndose en un posible incremento de tarifas en servicios de internet y telefonía móvil. Destacó que este aumento podría llevar a una exclusión significativa de usuarios^[29].

Como parte del debate alrededor de este decreto, es importante destacar la perspectiva del presidente del sindicato Acotel en representación del ICE, Sergio Ortiz Pérez, quien expuso la falta de neutralidad tecnológica dentro del ICE, con Huawei ejerciendo un monopolio en diversos componentes de la red. Subrayó posibles casos de corrupción y pérdidas relacionadas a contratos, en específico la plataforma KTV. Hizo hincapié que el decreto no afectaría negativamente al ICE y sugirió levantar la confidencialidad de algunos proyectos para asegurar una mayor transparencia. Además, instó a combatir la corrupción interna y expresó la necesidad de realizar investigaciones externas a la institución^[30].

En esta misma línea continuaron las discusiones sobre las consecuencias de la implementación de la tecnología 5G a la luz de la normativa propuesta. Además, se brindó un espacio a sindicatos para que expusieran sus preocupaciones sobre diversos aspectos del funcionamiento interno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Entre las personas que aprovecharon este espacio se encuentra el señor Sergio Olivares Segura, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), quien se presentó con Martín Cardoso y Jorge Arguedas Mora, también representantes de dicha asociación. Ellos expusieron que el ICE mediante la contratación directa han ayudado a que se cree un monopolio por parte de la empresa Huawei, “...Huawei estaba en la red de acceso de móvil de 3G y 4G, que es cuarta generación, y se metió con equipamiento de la misma multa^[31] en la parte de transporte, en la parte de IP. Entonces de ahí se empieza a desatar una gran cantidad de negocios por compras directas, no por Sicop, que es la parte que se tiene pública para poder que cualquier ciudadano pueda acceder a lo que se está comprando. Si ustedes ven, prácticamente el 80% de la red de telecomunicaciones está metido Huawei, eso crea un monopolio, lo cual contraviene también la Ley N.° 8660 y también a los acuerdos con la OCDE”^[32]. Además, dieron a conocer la preocupación que genera el hecho de que aún permanezcan en la institución altos funcionarios involucrados en expedientes judiciales como altos funcionarios de la institución, “Hay cerca de siete expedientes que están detenidos, en la parte penal de los juzgados, que desde luego lo vamos a aportar, y lo más preocupante es que, muchos de los que están involucrados en estos expedientes están hoy asumiendo el liderazgo de las grandes jerarquías a nivel institucional, se les había quitado el puesto y hoy los están ocupando de nuevo, y fueron los que tienen prácticas irregulares”^[33].

Posteriormente, se abordó la implementación de la tecnología en el país. El presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel) Sergio Ortiz Pérez aclaró que el decreto no obligó a que se implementara la tecnología stand-alone, tal es, una tecnología completamente nueva que se utilizaría para la implementación de la tecnología 5G. Lo anterior pues la decisión se había tomado a lo interno de la institución antes del decreto, además mencionó que el 34% por ciento de la obsolescencia actual y la futura  de los equipos de Huawei crea una dependencia constante a la empresa, lo cual hace que siga siendo un proveedor importante de la institución^[34].

Respecto al decreto, también se tomó en cuenta la participación del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) sobre diferentes aspectos del estudio de mercado que realizaron sobre los costos de implementación de la tecnología 5G  en el país. Primeramente, se cuestionó quien financió este estudio y cuáles fueron los datos utilizados en este, a lo cual el doctor  Olman Segura Bonilla expuso que el contrato se hace por medio de la Fundación de la Universidad Nacional como cualquier otro ente que solicite un estudio, por lo que los fondos son de la universidad y el pago se hace por medio de esta^[35].                                                                    

Con respecto a la información utilizada en el estudio, aclaró que esta provenía de fuentes públicas internacionales con alto respaldo académico. Seguidamente se cuestionó cómo puede afectar la limitación de proveedores sobre el precio y la calidad de los productos. Ante lo cual, el doctor Leiner Vargas Alfaro realizó la observación de que al tener pocas opciones, nos exponemos a que los costos sean más altos y a que la calidad del producto no sea tan buena^[36].

Esto crea cuestionamientos sobre si el decreto tiene el suficiente fundamento técnico que justifique la exclusión de proveedores, puesto que, como queda evidenciado en los anteriores párrafos, esta acción implicaría un impacto económico fuerte en todos los sectores implicados y el consumidor final. Lo anterior, sin tomar en cuenta el riesgo al que se estaría exponiendo el país al no respetar los principios de libre competencia y neutralidad tecnológica. También es importante recordar que la adopción de este decreto no significaría únicamente un impacto económico, sino que representaría un retraso importante en el despliegue del 5G^[37], lo que afectaría en gran manera a una Costa Rica ya atrasada en temas de telecomunicaciones, tal y como lo expuso el señor Aaron Chacón, presidente del Asdeice, al declarar que “el despliegue de tecnología 5G, que ya de por sí estaba retrasada por un montón de cuestiones…ahora, está en riesgo de enfrentar, otra vez un posible retraso”^[38].

3. Conclusiones

En resumen, es posible ver que, al igual que en el anterior período bimensual la cantidad de proyectos de ley nuevos atendidos por la comisión fue escasa, así como también se puede observar que la participación de las diferentes legislaturas se encuentra equilibrada, independientemente del partido al que pertenecen, lo cual se vio principalmente reflejado en las discusiones referentes al decreto N°44.196.

Sumado a lo anterior, el periodo estudiado por este boletín se caracterizó por el fortalecimiento de las relaciones multilaterales, esto debido a las múltiples reuniones que sostuvieron los miembros de la comisión con representantes de otros países, con lo que se puede observar una continuidad de las temáticas atendidas por la comisión. Para las próximas ediciones de este boletín interesaría observar cuál es el resultado de los esfuerzos que ha puesto el órgano en esclarecer el futuro de la implementación de nuevas tecnologías en el país, así como también observar si la cantidad de proyectos de ley atendidos por la comisión aumenta o disminuye con el inicio del 2024.