Análisis semanal 427: A un año de la legalización del aborto en Argentina: un diagnóstico entre la segmentación y la arbitrariedad (31 de enero de 2022)

 

América Latina es, actualmente, una de las regiones más restrictivas en torno al aborto. De manera que, en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua el aborto está completamente penalizado. Argentina se unió a Uruguay, en ser los dos únicos países de toda América Latina que aprueba el aborto, siendo Uruguay el referente latinoamericano con los índices más bajos de mortalidad materna por aborto. Mientras que México tiene despenalizado el aborto solo en algunos estados. El resto de los países permite el aborto solo en casos específicos, como cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo (aborto terapéutico); sin embargo, en pocos es efectiva su aplicación sin trabas.

Argentina representa uno de los movimientos a favor del aborto más importantes de América Latina, la “marea verde” sigue sembrando esperanza

Foto: intervención de colectivas feministas en Argentina inspiradas la novela de Margaret Atwoot, The Handmaid´s Tale

Despenalización argentina

El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de Argentina aprobó el aborto sin causales hasta la semana 14, entendiendo este como un servicio básico en la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esta medida, concretada en la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) empezó a regir el 24 de enero de 2021. La IVE se acordó hasta la semana 14 de gestación, y a partir de la semana 15 en casos en los que sea necesaria una intervención médica. Además, se estableció la objeción de conciencia para aquel personal de salud que, por su cosmovisión, se oponga a realizar el procedimiento; sin embargo, la ley aclara que no será aplicable la objeción de conciencia cuando la vida de la mujer esté en riesgo.

El artículo 13 de la ley 27.610 plantea que se debe capacitar a profesionales en salud, personal técnico-administrativo, así como a docentes, sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres[1], para brindar un servicio libre de discriminación a aquella persona que solicite la interrupción de su embarazo. Las cifras de los últimos años arrojan resultados esperanzadores, se ha registrado una evolución positiva de egresos hospitalarios posaborto, este indicador permite comprender que, el acceso al servicio ha mejorado considerablemente, tanto por la apertura de servicio de la IVE en centros médicos, como el uso de misoprostol[2]. Aunado de los grandes esfuerzos que realizan colectivas y grupos que brindan servicio e información a nivel comunitario.

Durante el primer semestre del 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ ILE en el sector público. A su vez, al menos 5.600 personas fueron acompañadas por el sector comunitario y accedieron a un aborto. [3]

Al entrar en rigor la norma, se visualizaron algunos obstáculos para su efectiva aplicación, entre los que sobresalieron: (a) la fuerte influencia de los grupos movilizadores antiaborto, quienes amenazaron con revertir el fallo;  (b) la falta de una norma que especificara detalladamente la aplicación del aborto en diversos casos, y que sirviera como guía para el personal médico y legal; (c) además de que, se valoró que algunas clínicas y hospitales privados podrían negarse a brindar el servicio[4]. Valeria Isla, directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva afirmó que la legalización generó un cambio importante porque las mujeres acuden a hacerse el procedimiento con menos estigma social de lo que significa el aborto[5].

Sin embargo, para diciembre de 2021, se logró determinar una gran problemática en cuanto al acceso al servicio de salud, agudizando grandemente una brecha urbano-rural, afectando a provincias norteñas como Corrientes, San Juan, Santiago del Estero y Chaco. Y, casos más graves como los de Jujuy, donde todos los obstetras, a excepción de una, se niegan a brindar el servicio[6].

En la vecina Jujuy, 29 de los 30 obstetras del hospital Materno Infantil Héctor Quintana se han declarado objetores de conciencia, tal y como permite la ley. También lo han hecho casi todos los 120 ginecólogos que hay en la provincia, dijo Rubén Véliz, jefe del departamento de obstetricia del Héctor Quintana[7].

En setiembre de 2021, la única ginecóloga en la provincia de Salta que no se oponía a la IVE, fue sometida a un proceso legal, luego de realizar el procedimiento en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal. A pesar de que el procedimiento fue a una mujer mayor de edad, según los parámetros establecidos en la Ley 27.610, la médica fue encarcelada por unas horas luego de brindarle acompañamiento a la paciente, y de contar con el apoyo profesional de una psicóloga, una trabajadora social y el director del Hospital[8].

En estas provincias norteñas, los grupos religiosos han tomado posturas muy fuertes para hacer campañas movilizadoras en contra de la IVE. Inclusive, los mismos profesionales en salud se han encargado de producir mitos sobre el aborto. María Laura Lerma, psicóloga de la Quebrada de Humahuaca, un remoto valle montañoso de Jujuy ha afirmado que ha atendido casos de mujeres que temen abortar porque sus ginecólogos le dicen que el aborto les puede causar cáncer, e inclusive, que su feto se va a convertir en un duende[9]. Estas creencias se agudizan en zonas rurales, de baja escolaridad y con poca atención en salud.

Gloria Abán, médica general y opositora al IVE, manifestó que ya la ley es una realidad, pero eso no significa que la lucha en contra debe acabar. Para eso, Abán se ha propuesto hacer recorridos alejados en los valles Calchaquíes de la provincia de Salta[10]. Los grupos antiaborto han intentado posicionar acciones judiciales, se han contabilizado un total de 36, de las cuales, 24 han sido rechazados, 4 archivadas, y 11 aún están en trámite. Otros de los desafíos, de acuerdo con Estefanía Cioffi, médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, es la necesidad de introducir Mifepristona (medicamento que ofrece 95% de efectividad en el tratamiento de aborto seguro) para que sea combinado con el Misoprostol para aumentar la efectividad y disminuir efectos adversos[11].

Entre las medidas efectivas, aumentó considerable la cantidad de hospitales y clínicas que garantizan el servicio de aborto, pasando de 903 registrados a 1243; y se espera que para este 2022 se alcancen los 5500. Dentro del servicio público se registraron 32, 758 interrupciones de embarazo hasta el mes de noviembre.[12]

En el primer semestre del 2021, 6.517 personas contactaron a la red de salud comunitaria Socorristas en Red, feministas que abortamos (SenRed).19 24% de las personas residía en Buenos Aires, 20% región noroeste, 19% región centro, 18% Patagonia, 9% Cuyo y 9% Litoral. Seis de cada diez tenían entre 18 y 28 años y 4% eran menores de 18 años[13].

A pesar de que no se ha logrado cobertura en todo el territorio nacional, si se ha logrado brindar el servicio en zonas en las que antes no se garantizaba la IVE.

Fuente: Romero, M.; et al. (2021).

Es importante mencionar que, si bien esto representa un avance importante para resguardar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente en aquellas zonas históricamente rezagadas por los servicios estatales, no se puede dejar de lado que, para completar un servicio universal de los servicios públicos, es importante alcanzar: una cobertura variable, una suficiencia del servicio (tanto en el tipo de servicio como en la calidad), y la equidad de beneficios. Aquí es importante distinguir entre cobertura y la suficiencia, la primera representa el tipo de servicio que se brinda (responde a qué tan amplio es el acceso al servicio); mientras que, la suficiencia se refiere a la calidad (qué se puede acceder de ese servicio). Por lo que, es menester que el Estado solvente no solo los problemas de cobertura, sino también en suficiencia, para así acercarse más a un servicio de salud universal en materia de salud sexual y reproductiva.

De igual forma, el Estado debe brindar la seguridad de seguimiento del servicio bridado, tanto a nivel público como privado, para así garantizar un servicio efectivo y universal, pero, además, para evitar que el sector privado actúe de manera viciosa en relación con el servicio que brinda. Estos aspectos son imprescindibles monitorearlos, especialmente, cuando se trata de un servicio de salud que ha costado muchas luchas y años para que se legalice, aún en contra de tantos grupos opositores, y de profesionales en el área de salud que se siguen negando a hacer su trabajo de manera completa y sin perjuicios. 

A nivel judicial, los grupos feministas siguen teniendo tareas pendientes para dar apoyo legal a varias mujeres que han sido acusadas de abortar antes de la aprobación de la ley, se estima que entre 2012 y 2020, se han registrado más de 1500 procesos, la mayoría con violación de derechos por falta de defensa

La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes[14]

Fuente: Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (diciembre, 2020).

Esta situación deja en entrevisto que, a pesar de la legalización del aborto, aún existen problemáticas graves por resolver. Para el primer año de la implementación del aborto, aún no se cuenta con los datos suficientemente fuertes para hacer un diagnóstico completo sobre su alcance efectivo. Sin embargo, siguen existiendo tareas pendientes que deben abordarse a nivel sistemático e integral para asegurar un servicio de calidad y de acuerdo con lo que estipula la legislación.

Notas