Desde las páginas de opinión (julio-agosto 2013)

Estas son las columnas y artículos de opinión relacionados con la política exterior costarricense y sus relaciones internacionales, los cuales se publicaron durante los meses de julio y agosto.

Los cancilleres Laurent Fabius y Enrique Castillo manifestaron el compromiso conjunto de Francia y Costa Rica por la abolición universal de la pena de muerte. Para justificarla, los Ministros destacan una serie de argumentos que socavan dicha sentencia: (1) es una violación de los derechos humanos; (2) puesto que los sistemas jurídicos no son infalibles, se arriesga demasiado con una sentencia irreversible; (3) no es eficaz contra la delincuencia. Por ello ambos países buscarán sensibilizar a los Estados que mantienen la pena de muerte, contribuir al debate y aportar asistencia técnica en reflexiones sobre los sistemas penales (La Nación, 14/7/2013).

Como es usual, más de un articulista dirigió su mirada hacia las relaciones con Nicaragua. En primer lugar, Julio Rodríguez sostiene que los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua se originan por aspectos culturales entrañados en este último país. Menciona, entre ellos, el apoyo que reciben los gobernantes para cometer actos ilegales, lo cual pone en peligro la paz. En contraste – argumenta Rodríguez – Costa Rica por su pobreza, ausencia de caudillos y de militares desarrolló una institucionalidad contrastante con la nicaragüense. Su conclusión es que los problemas entre ambos países terminarán cuando “los gobernantes de Nicaragua no necesiten sembrar en su país el odio hacia Costa Rica con el fin de mantener unido su pueblo” (La Nación, 26/7/2013).

Por su parte, el politólogo Jorge Vargas Cullell también se refirió a la política exterior nicaragüense con Costa Rica. Considera que es el presidente Daniel Ortega quien maneja los tiempos en las relaciones entre ambos países, mientras Costa Rica mantiene una posición defensiva. Ortega aprovecha las debilidades del gobierno costarricense y luego actúa como víctima. Vargas Cullell prescribe una estrategia menos reactiva ante las acciones nicaragüenses y advierte en contra de subestimar al presidente Ortega (La Nación, 22/8/2013).

Finalmente, Nicolás Boeglin, profesor de derecho público, comentó el reclamo del territorio guanacasteco por parte del presidente Ortega, así como la respuesta diplomática costarricense. Respecto al primer punto, indica que las declaraciones no tienen ninguna validez jurídica ni histórica. En relación con la reacción diplomática – llamada a consulta al Embajador y remitir una nota formal de protesta – se califica como de gran precisión y claridad, aunque algunos erróneamente han interpretado la situación como un nuevo conflicto territorial (La Extra, 27/8/2013).

También se encuentran textos escritos por personal diplomático acreditado en Costa Rica. La embajadora de Ecuador en Costa Rica, Sra. Daisy Espinel, criticó un reciente editorial de La Nación puesto que este último acusa al gobierno de Rafael Correa de perpetrar “perversas prácticas” y “medidas represivas” sobre medios de comunicación. La embajadora Espinel explica que la nueva Ley de Comunicación de su país exige la veracidad de la información, mas no coarta la libertad de expresión de los periodistas (La Nación, 4/7/2013).

Además el Sr. Luis Sándiga, embajador de la República del Perú, saludó al gobierno de Costa Rica en ocasión del día nacional de su país y repasó los principales vínculos bilaterales entre ambas naciones: la suscripción de un tratado histórico de amistad y comercio en 1852, el apoyo financiero concedido a Costa Rica en su lucha contra los filibusteros, los seis mil peruanos residentes en el país, la coincidencia en política exterior en temas como democracia, desarme, apertura de mercados y atracción de inversiones, el apoyo de Perú hacia Costa Rica para su ingreso a la Alianza del Pacífico y la reciente entrada en vigor del tratado de libre comercio (La Nación, 27/7/2013).