Coexistencia autoritaria, democracia repartida y gobernabilidad
La década de los años noventa fue el escenario de la triple transición experimentada por la mayor parte de las sociedades centroamericanas: la transición a la paz, la transición a la democracia y la transición hacia economías más abiertas. En ese contexto, la expresión "gobernabilidad" cobró vital importancia, no sólo en el debate público, sino también en el debate académico nacional y regional, abarcando un universo amplio de temas y modalidades de abordaje. (Hoffman:2009; Vilchez:2005; Torres Rivas: Alcántara:1997; Heredia:2002; Barros-Valero y otros:2002; Paramio:1994).
Sin embargo, la interpretación para los países de América Latina y, particularmente, para las sociedades en tránsito, como las centroamericanas, los argumentos en torno al estudio, análisis y práctica de la gobernabilidad no se hicieron desde los enfoques que se ocupan del "exceso de democracia". Antes bien, se concentraron o en explicar los problemas de gobernabilidad alrededor de argumentos que parten de la ausencia de democracia o de un proceso de construcción de democracia y que, por tanto, no es posible explicar a la región desde las tradicionales tesis de la gobernabilidad.
Desde ese punto de vista, la gobernabilidad se vinculó a todos los ámbitos del quehacer de los Estados de la región, en un contexto regional donde la evolución democrática no es homogénea, ni se desarrolla a la misma velocidad. Torres Rivas incluso estableció tres categorías o estadios para el desarrollo de la democracia en la región: a) la democracia burguesa liberal (Costa Rica), con un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo; b) la democracia vigilada (Guatemala, El Salvador y Honduras) y; c) la democracia difícil (Nicaragua).
La democracia liberal, se constituyó en Costa Rica de manera sólida, dónde además se abolió el ejército; se creó una sociedad política de consenso sin grandes polarizaciones; se constituyó un entramado institucional que dan garantía de los procesos electorales y judiciales; con lo cual se aumentó la capacidad de crear orden y estabilidad, al tiempo que se sentaron las bases de una sociedad igualitaria (Torres Rivas:1994). De su lado, la democracia vigilada se asentó en Guatemala, El Salvador y Honduras, cuya principal característica es la construcción de la democracia sobre la base de un autoritarismo en la toma de decisiones; en sociedades altamente polarizadas, excluyentes y con arreglos políticos entre cúpulas militares y élites económicas por la vía de la democracia electoral.
Finalmente, la democracia difícil se identifica en Nicaragua, cuya construcción arrastra las dificultades de la “democracia vigilada”; pero en medio de prolongadas fragmentaciones políticas, guerras civiles e intervenciones de los Estados Unidos. Para el caso de Nicaragua, de acuerdo con Torres Rivas, el país hereda dos tradiciones antidemocráticas recientes, por un lado, “el sentido del orden” de la dictadura sandinista y, por otra parte, el “sentido del cambio”, de la revolución sandinista (Torres:1994:5).
Así las cosas, la transición a la democracia en Centroamérica no resolvió positivamente la herencia autoritaria en el ejercicio del poder, la creación de orden y la toma de decisiones. Antes bien, la rearticulación del poder político en el contexto de una transición a la democracia centralizada y excluyente, ejercida desde arriba y desde el centro, por una élite empresarial, partidaria y militar.
Así las cosas, lo que existe en la región es la coexistencia de algunos valores de la democracia (particularmente de la electoral) en un contexto social definido por los valores y las relaciones de subordinación autoritaria en el ejercicio del poder y creación de orden. Persisten aún las instituciones autoritarias en la administración del Estado, en la toma de decisiones e incluso en la forma de diseñar las políticas públicas. En este contexto, el uso de la fuerza, y la violencia son aún parte del mandato político y de los mecanismos para la generación de orden o gobernabilidad.
Estas condiciones especiales de la transición política de los países de Centroamérica hacen que el binomio debilidad institucional-sistema político represente hoy una seria amenaza a la democracia y a la convivencia social.
La literatura más reciente sobre el cambio político en los países que experimentaron la llamada “primavera árabe” es sumamente reveladora al concluir que no todas las sociedades logran consolidar la democracia. Hay sociedades que quedan atrapadas entre el autoritarismo y la organización de elecciones. La situación no es una característica exclusiva de los países del Norte de África y Oriente Próximo, sino también se deben sumar los casos de las antiguas repúblicas soviéticas y algunos ejemplos en Centroamérica.
Muchos años después de haber aceptado con seriedad los modelos o paradigmas de la transición, los resultados no son nada positivos. La llamada tercera ola democrática no alcanzó a ser, en algunas regiones, más que un salpicón de espuma que se desvanecería rápidamente. El rumbo de los países que experimentaron transiciones no ha conducido a la democracia, ni se ajustaron a las fases o procesos que establecían los modelos trazados por O'Donell, Schmitter y Whitehead, entre otros autores.
En Centroamérica, Honduras, puede ser uno de estos casos. Planteo que en este caso se trata de un sistema político atrapado. Es decir, el país nunca estuvo inmerso en un proceso de transición como tal. Quedó atrapado en una serie de cambios que no condujeron a un cambio de régimen, sino a la aparición de nuevas formas autoritarias y antidemocráticas en el ejercicio del poder. Las elecciones se convirtieron en el mecanismo técnico que legitima el nuevo orden de cosas que progresivamente fue ocupando espacios importantes en la toma de decisiones.
Las instituciones fueron debilitadas, los grupos de poder se diversificaron y se inició una seria disputa por la apropiación y control de las principales instituciones del Estado. Este proceso tiene recientemente dos etapas clave que radican en la crisis institucional del 2009 (golpe de Estado), y la actual situación política en la que se cuestiona la transparencia y legitimidad del proceso democrático. A lo largo de los últimos ocho años se han intentado organizar algunos cambios institucionales, lanzar nuevos grupos de poder que pretendían alterar los equilibrios de fuerzas; lo que se expresa hoy en una seria disputa por las estructuras de toma de decisión.